Un repaso a las principales herencias políticas, sociales, económicas e institucionales de la dictadura iniciada con el golpe militar de 1973, las características y orígenes de la Constitución de 1980, así como las alternativas y el actual debate que fue el centro de la primera jornada del seminario “¿Una nueva Constitución? Legados de la Dictadura a 40 años del Golpe”, organizada por el Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina, del Instituto de Ciencia Política (ICP) de la Universidad Católica.

El objetivo del seminario era contrastar y generar discusión en torno a las distintas miradas acerca de la gestación, legado y necesidad y posibilidad de reforma de la Constitución de 1980. En el encuentro participaron cientistas políticos, economistas y abogados, quienes realizaron sus presentaciones ante un público conformado por académicos y estudiantes universitarios, además de alumnos de enseñanza media.

“La idea del seminario es tratar de entender no sólo cuáles son las herencias institucionales de la Constitución de 1980, sino también echar luz sobre otros tipos de legados socio culturales que hoy se encuentran en cierta manera ‘formateados’ por la Constitución, y así ver si es necesaria o no una reforma constitucional, al tiempo de revisar cuáles son los caminos institucionales y políticos para lograr dicha reforma, cuya viabilidad política es bastante restringida por los propios requisitos que impone la Constitución”, señala el académico del ICP y director del Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina, Juan Pablo Luna.

“El diálogo sobre la Constitución es interdisciplinario, aunque la propuesta básica de la Ciencia Política reconoce algunos supuestos que son importantes de destacar: Primero, que las constituciones no son políticamente neutras. Segundo, que la Constitución de 1980, como todas las constituciones, expresa los intereses y preferencias políticas de sus redactores. Tercero, que los procesos de redacción y reforma constitucional son esencialmente políticos. Cuarto, que la legitimidad de la Constitución no sólo depende del carácter democrático y deliberativo de su gestación y reforma. En ese sentido, la Constitución del ’80 no es democrática en su origen ni deliberativa en su redacción, y sus posteriores reformas son democráticas, pero no deliberativas, por lo que la pregunta sobre su legitimidad sigue plenamente vigente”, afirmó el director del ICP, Rodrigo Mardones, al inaugurar la conferencia.

La primera jornada del seminario analizó los legados económicos y sociales de la Constitución de 1980. En ella participaron Rossana Castiglioni, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, quien hizo un repaso de las políticas sociales que impulsó el gobierno militar; y los académicos del Instituto de Economía UC Rolf Lüders y Francisco Gallegos, quienes analizaron la situación económica que caracterizó al gobierno de Salvador Allende, como las reformas en esta área realizadas por la dictadura.

La ponencia principal del primer día del seminario estuvo a cargo de Roberto Gargarella, académico de la Universidad Torcuato di Tella (Argentina), quien dio una mirada al contexto del constitucionalismo latinoamericano, y analizó cómo y en qué medida la Carta de 1980 se enmarca en esa tradición.

El punto de partida de la segunda jornada fue la ponencia del filósofo político Renato Cristi, profesor de la Wilfrid Laurier University de Canadá, quien habló acerca de los orígenes de la Constitución de 1980, especialmente del papel de Jaime Guzmán y de su interpretación de algunas encíclicas católicas en la redacción de algunos artículos fundamentales del texto.

También se analizaron los legados políticos e institucionales de la Constitución de 1980. Un último panel, formado por el candidato a diputado y ex dirigente estudiantil Francisco Figueroa; el coordinador de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, José Francisco García, y el profesor de Derecho de la universidad de Adolfo Ibáñez, Fernando Atria, revisó las posibilidades de reformar o cambiar la Carta, y planteó algunos cambios necesarios, como aumentar la participación ciudadana, la descentralización del poder, y la reforma de algunas instituciones.

Las pandillas de El Salvador, el narcotráfico en México y la guerrilla en Colombia, fueron algunos de los casos analizados en el seminario “Estado, Seguridad y Actores Armados en América Latina Contemporánea”, realizado por el Núcleo Milenio para el Estudio del Estado y la Democracia en América Latina, con sede institucional en el Instituto de Ciencia Política (ICP) UC. La conferencia contó con la asistencia de destacados académicos nacionales y extranjeros y en ella se analizó la evolución y características de los diferentes actores armados presentes en el continente, como las organizaciones paramilitares, mafias, guerrillas y pandillas urbanas. Asimismo, se abordó la relación e influencia de estos actores sobre los estados de la región y su influjo sobre las dinámicas de seguridad.

En la cita, el director del Núcleo Milenio, el académico del ICP Juan Pablo Luna, presentó el estudio titulado “Mapeando la interacción entre agentes estatales y desafiantes territoriales con herramientas de ecología teórica”. En él argumentó que las relaciones entre los actores armados y los estados pueden explicarse con “modelos donde hay dos o más especies que interactúan en un espacio o medio ambiente determinado, y que están sujetas a interacción mutua y a influencias exógenas”. Así, se dan distintos tipos de equilibrio, como el equilibrio parasitario, el simbiótico y el de depredador/presa, señaló.

Luego, el candidato a doctor en Ciencia Política UC, Roody Reserve, habló sobre su investigación “Fortaleciendo las Pandillas: La paradoja de la Tregua en El Salvador”, en el que analizó la paradoja del caso salvadoreño, en el que una tregua entre las pandillas y las autoridades gubernamentales tuvo como resultado el fortalecimiento del Estado Guillermo Trejo, académico de la Universidad de Notre Dame, habló sobre “Los orígenes políticos de la violencia criminal en México: ¿Por qué la democratización sub-nacional propició la guerra entre narcotraficantes?”, en el que trató de responder “por qué algunas nuevas democracias entran en sendas de desarrollo, cooperación y estado de derecho, mientras otra ingresan en espirales de violencia, como ha sido el caso de México”.

El experto señaló que actualmente un tercio del territorio de México está en disputa entre el Estado y los diferentes carteles del narcotráfico, y que, a diferencia de lo que se podría pensar, la mayor parte de ese territorio no está en el sur, donde existe mayor pobreza y la presencia de las autoridades es menor, sino que en el norte. “El argumento entonces, no es tanto la ausencia, si no la presencia del Estado, pero de un Estado que ya ha sido infiltrado por el crimen organizado. Aquí, la llegada de la democracia tuvo efectos negativos, ya que la rotación de autoridades a nivel subnacional llevó al quiebre de los pactos de protección locales, lo que derivó en la ‘privatización’ de la violencia, a la competencia entre grupos criminales y a la guerra entre los carteles del narcotráfico”, aseguró.

Otras investigaciones analizadas en el seminario fueron “La violencia de actores urbanos en Brasil, Colombia y Jamaica”; “Las FARC: una insurgencia prolongada sin revolución”, y “Actores Armados No Estatales y la Nueva Crisis de Derechos Humanos en América Latina”.

El Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina está apoyado por la Iniciativa Científica Milenio, y su objetivo es analizar el grado y la distribución de la penetración estatal a nivel sub-nacional en nuestro continente. Desde el inicio de su funcionamiento, ha organizado charlas, seminarios y conferencias con expertos de nivel mundial, además de realizar una escuela de invierno y una de verano destinadas a la formación de profesores de educación media y básica en temas relacionados con el ámbito de investigación del Núcleo.

“La economía política del Chile contemporáneo” fue el tema de la mesa redonda con la que concluyó la conferencia anual de la Red de Economía Política de América Latina (REPAL), organizada por el Instituto de Ciencia Política UC, el Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina y la oficina del MIT en Chile.

La conferencia, que se realizó en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, duró dos días y a ella asistieron decenas de académicos, investigadores y estudiantes de doctorado en Ciencia política de Chile y el extranjero. En el evento se presentaron diversos papers, se lanzaron libros y se dictaron charlas sobre el tema de la economía política.

La ponencia inaugural estuvo a cargo de Robert Kaufman, profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad Rutgers, Estados Unidos, experto en el tema de desigualdad, quien hizo un repaso sobre el estado en que está la economía política en América Latina. “Ha habido buenas noticias en esta área en América Latina: la distribución económica ha mejorado, la desigualdad en el mercado laboral ha disminuido, la clase media ha crecido y la democracia ha hecho importantes avances. Pero tenemos que dar una segunda mirada a este desarrollo y enfrentar nuevos desafíos”, señaló en su charla.

En tanto, en el foro con el que finalizó la conferencia anual de REPAL, cinco expertos de distintas áreas analizaron los temas que dominan la agenda de la economía política en el Chile actual. El primero en hablar fue Cristián Cox, decano de la Facultad de Educación UC, quien repasó la agenda de reforma a la educación. Según él, la paradoja del desarrollo de la educación chilena se puede resumir en la frase “grandes avances y gran descontento”. “En términos históricos, esta agenda puede ser vista como el esfuerzo de la sociedad chilena de volver a su larga tradición de provisión mixta con hegemonía estatal”, señaló.En tanto, en el foro con el que finalizó la conferencia anual de REPAL, cinco expertos de distintas áreas analizaron los temas que dominan la agenda de la economía política en el Chile actual. El primero en hablar fue Cristián Cox, decano de la Facultad de Educación UC, quien repasó la agenda de reforma a la educación. Según él, la paradoja del desarrollo de la educación chilena se puede resumir en la frase “grandes avances y gran descontento”. “En términos históricos, esta agenda puede ser vista como el esfuerzo de la sociedad chilena de volver a su larga tradición de provisión mixta con hegemonía estatal”, señaló.

Luego intervinieron los economistas Andrea Repetto y Eduardo Engel, quienes hicieron presentaciones sobre los desafíos económicos del país. “Desde 1990, el ingreso per cápita de Chile se ha más que duplicado. La pobreza también ha caído. Pero donde no lo hemos hecho también es en la desigualdad. El índice Gini solo ha caído tres puntos en este mismo período. (…) La gente siente que las medidas que se han tomado han llegado demasiado tarde”, recordó Andrea Repetto, mientras Eduardo Engel dio algunas recomendaciones para mejorar la productividad del país, donde destacó la importancia de aumentar la participación femenina en el mercado laboral, fomentar la innovación y reforzar la competencia en contra de colusiones y monopolios.

Por su parte, Gonzalo Delamaza, de la Universidad de Los Lagos, habló sobre los movimientos sociales en el Chile contemporáneo, describiendo sus principales tipos, sus orígenes y características. “De todos, el movimiento indígena representa el conflicto más profundo, ya que articula distintos niveles y motivaciones, y se enfrenta históricamente con el ordenamiento republicano de Chile, que se estructuró en ausencia de los pueblos indígenas. Sin embargo, no es más fuerte ya que carece de una organicidad común y no actúa mancomunadamente”, aseguró.

Por último, Marcela Ríos, oficial de gobernabilidad del PNUD hizo un análisis sobre el momento constituyente. “El Chile de hoy está en un cambio de ciclo, en el que se ha corrido el eje del debate público, de los conflictos sociales y políticos, y estamos en un momento de cuestionamiento del modelo. Este cuestionamiento incluye el interés por cambiar nuestra Constitución. Hay una sensación de que las instituciones necesitan ser modificadas”, señaló.