Las manifestaciones multitudinarias que hemos visto a lo largo del país en las últimas semanas nos han conmovido e interpelado. Responder a lo que a través de ellas se demanda es un desafío de primera importancia para las autoridades e instituciones de Chile. Somos conscientes del rol protagónico que jugaron algunos académicos y algunas facultades de nuestra Universidad en la consolidación de elementos centrales del modelo político y económico que la ciudadanía hoy critica con razón. Compartimos el fondo de dicho juicio y defendemos la importancia de la diversidad en el seno de una comunidad universitaria compleja y de excelencia, como lo es la UC. Por lo anterior, queremos hacer público nuestro apoyo a un diálogo sin exclusiones y abierto a la ciudadanía, en pos de la construcción de una democracia más igualitaria, incluyente y participativa por medio de la adopción de una nueva Constitución para el país.

La Constitución de 1980, heredada de la dictadura, ha sido gradualmente adaptada para regir en democracia, pero ésta aún contiene obstáculos para generar los avances decisivos que la sociedad chilena reclama. Carece, por ejemplo, del reconocimiento de derechos sociales y culturales, e impide un involucramiento activo de la ciudadanía en la vida política. Y lo que es más importante, más allá de sus contenidos formales, en el plano simbólico, la Constitución vigente es un permanente recordatorio del trauma que la dictadura cívico-militar y su legado han dejado en la sociedad chilena. Reemplazar democráticamente una Constitución manchada por su ilegitimidad de origen es una de las mejores maneras para aliviar la carga del pasado y pensar libremente el futuro.

El proceso para elaborar una Constitución que sea considerada por la mayoría de la ciudadanía como un nuevo acuerdo social para la convivencia democrática tiene muchas avenidas y combinaciones posibles. Lo importante, sin embargo, son los principios democráticos que deben orientar el camino para alcanzar dicho objetivo: inclusión, participación, pluralidad y deliberación.  La agenda de reformas debe tomar en cuenta las demandas de la sociedad, las que deben ser sistematizadas y traducidas en un proyecto de carta fundamental, cuya elaboración no puede quedar en manos de un gobierno o de un grupo de expertos. La Constitución debe ser deliberada, negociada y aprobada por un cuerpo colectivo, el cual no debe limitarse únicamente a representantes de los partidos políticos. La ratificación de todo el proceso debiese quedar en manos de la ciudadanía por medio de un voto precedido de una amplia difusión y justificación de la nueva Constitución.

Los profesores y profesoras del Instituto de Ciencia Política UC adherimos con convicción a una revisión profunda de nuestro pacto de convivencia política y nos comprometemos a aportar a la consecución de una nueva Constitución para Chile.  Reconocemos el rol histórico que parte de nuestra Universidad ha tenido en imponer un sistema acerca del cual la ciudadanía demanda cambios profundos, y desde ese reconocimiento necesario, junto al resto de quienes vivimos en este país, nos abocaremos a construir un Chile más justo.

 

Giovanni Agostinis

Carla Alberti

David Altman

Umut Aydin

Tomás Chuaqui

Alfonso Donoso

Nicole Jenne

Juan Pablo Luna

Rodrigo Mardones

Ross Mittiga

Gabriel Negretto

Valeria Palanza

Stefano Palestini

Cristian Pérez

Carsten Schulz

Julieta Suárez Cao

Francisco Urdínez

 

 

CARTA PUBLICADA EN CIPERCHILE

Considerando las dificultades que estudiantes, académicos y funcionarios han experimentado durante el último mes para completar sus actividades en la UC, queremos compartir con todos nuestros estudiantes una carta enviada por los Consejos Académicos de pre y postgrado (14 de noviembre), y la respectiva respuesta desde la Vicerrectoría Académica (18 noviembre) a los estudiantes UC. 

A través de las acciones propuestas, que recogen las preocupaciones de los estudiantes, se busca lograr los aprendizajes esenciales comprometidos con su formación. Estas medidas fueron adoptadas con la flexibilidad necesaria para completar el segundo semestre durante el mes de diciembre, y así desarrollar la Temporada de Verano (TAV) en enero 2020, espacio de gran relevancia para muchos estudiantes.

- Accede aquí a las medidas para completar el semestre.

- Accede aquí a la carta enviada por los Consejos Académicos

- Accede aquí a la respuesta enviada por la VRA a los Consejos Académicos

 

 

¿Cómo salimos de esta? Para el autor de esta columna de opinión, mientras el gobierno ha optado por una política “gatopardista” clásica (cambiar para que nada cambie), la oposición sin liderazgo transita por dos vías: plebiscitos y cabildos auto-convocados. El autor da argumentos en contra de ambos caminos y boga por un “pacto social amplio”. ¿Cómo lograrlo? En un escenario de partidos políticos sin fuerza ni representatividad, sugiere una “asamblea ciudadana” elegida aleatoriamente, como lo hizo la Columbia Británica en 2004.

En esta columna argumento que los actores más visibles de lo que podríamos empezar a llamar la “Primavera Chilena” –el gobierno y la oposición– se encuentran jugando cartas de una forma sub-óptima y trato de explicar por qué se puede entender así. Espero que el lector termine de leer esta columna y entienda un argumento que, seguramente, no complacerá ni a tirios ni a troyanos.

Tenemos a un gobierno que se equivocó al generar un clima de guerra, abrió la puerta para que se usara desproporcionadamente la fuerza y se equivoca todos los días al creer que este conflicto se soluciona entre el voluntarismo, por un lado, y un puñado de concesiones compensatorias por el otro.

Obviamente, el interés del gobierno se centra en la restauración del statu quo y la vuelta a la “normalidad”. Sin embargo, dadas las condiciones existentes en Chile, el gobierno ha optado por una política “gatopardista” clásica – cambiar para que nada cambie. Y es por este ángulo por donde justifica sus concesiones como, por ejemplo, la flexibilización a la importación de medicamentos o los exiguos ajustes a la política salarial.

El problema está, por lo menos desde la óptica del gobierno, en que cada vez que el gobierno hace una concesión, se pega un tiro en las piernas; y es relativamente simple el entender por qué ya que uno se pregunta de forma casi natural: ¿Acaso estas reformas se podían haber hecho y no las hicieron previamente? ¿Nos estuvieron ahogando todo este tiempo sabiendo que esto podía mejorar? ¿Aguantaron todo lo que pudieron y solo cedieron mínimamente cuando se produjo el estallido social?

El gobierno sostiene ser capaz de entender cuáles son las necesidades de los chilenos. Más allá de que tal afirmación representa un paternalismo excesivo, las autoridades argumentan que los chilenos, por ejemplo, queremos pensiones mínimamente dignas. Es verdad, pero lo que no dicen es que, para cambiar substancialmente nuestras pensiones, u otros servicios, será necesario modificar leyes constitucionales. Es decir, se quedan en lo inmediato y no quieren encarar la arquitectura general del ordenamiento socio-económico. De igual modo, el gobierno estima que lo importante es el qué y no el cómo, pero el cómo en esta situación es tan importante como el qué.

 

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