Gonzalo Parra, estudiante del Doctorado ICP, realizará su investigación en VioDemos: ¿Cómo se vinculan organización social, crimen organizado y Estado?
El analista en políticas y asuntos internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, Gonzalo Parra, realizará su investigación doctoral con el apoyo de VioDemos, en particular con el profesor del Instituto de Ciencia Política UC e investigador del centro, Juan Pablo Luna.
Gonzalo Parra busca comprender qué condiciones promueven arreglos colaborativos o competitivos de las organizaciones sociales con el crimen organizado, agentes del Estado o miembros de la política formal, con la finalidad de enfrentar un orden social determinado y avanzar en sus objetivos colectivos.
“El país es considerado uno de los que presenta mayores niveles de estatalidad en la región y es un escenario de violencia de baja intensidad. Estas características sitúan a Chile como un caso “least-likely” (poco probable) para el surgimiento de actores no estatales y del crimen organizado. No obstante, una investigación preliminar muestra que el alcance del Estado no es homogéneo a nivel territorial ni funcional, y que múltiples organizaciones criminales mantienen una presencia sustantiva a nivel barrial”, explica el estudiante de Doctorado en Ciencia Política UC.
Por lo general Chile es considerado un país con un Estado fuerte, pero si dejamos de lado los indicadores agregados y observamos la realidad de muchas localidades, la verdad es que el Estado no tiene una presencia homogénea a nivel territorial ni funcional, sostiene Gonzalo y de ahí la importancia de trabajar en territorios específicos donde se ha detectado menor presencia del Estado con una variación en sus capacidades. Esta investigación se realizará en barrios de Iquique y Antofagasta, de 15 comunas de la Región Metropolitana y de la Región de la Araucanía.
El estudio cobra relevancia en un contexto donde “la irrupción de levantamientos populares masivos o estallidos sociales en escenarios tan diversos como Chile, Colombia, Francia y El Líbano sugieren que independiente de la fortaleza de las instituciones estatales, los desafiantes utilizan los medios violentos como un recurso flexible para avanzar en sus objetivos y establecer nuevas formas de gobernanza territorial”, explica Gonzalo Parra.
Y precisa: “Los vínculos que busco analizar admiten distintas naturalezas, en ocasiones pueden ser de tipo colaborativas con el crimen organizado, de tipo confrontacional o de resistencia por parte de las comunidades y organizaciones sociales al control territorial del narco. Lo realmente interesante es conocer bajo qué condiciones se producen o se rompen dichos arreglos”.
Tu propuesta de investigación asume que existen vínculos entre organizaciones sociales y crimen organizado. ¿Este vínculo se podría relacionar con el estallido social de 2019?
En cuanto al estallido social, si bien no existe evidencia disponible, es posible que estos vínculos hayan operado en algunos eventos de protesta, particularmente en los casos más violentos, tales como saqueos masivos, episodios de violencia callejera y ataques a comisarías. En cada uno de estos eventos el orden democrático fue contestado por diferentes actores quienes utilizaron de manera flexible la violencia u otros medios ilegales para avanzar en sus objetivos.
Es decir, es plausible que se hayan articulado alianzas estratégicas entre organizaciones sociales y el mundo criminal, y que éstas dinámicas hayan permeado algunas acciones colectivas, sobre todo en aquellas zonas donde la represión estatal fue más aguda o donde el narco busca extender su control a través de mayor legitimidad con la población. De hecho, la pandemia del Covid-19 ha favorecido en las localidades más vulnerables este tipo de arreglos estratégicos, particularmente a partir de prácticas de asistencia social y de participación en organizaciones de la sociedad civil que le permitan asegurar su control.
No obstante, considero importante diferenciar aquellas condiciones que llevaron a la revuelta, que no son analizadas en mi estudio, de aquellos posibles arreglos de colaboración o confrontación entre el mundo criminal y las organizaciones sociales que podrían haberse activado en el marco del estallido y la pandemia del Covid-19.
¿Cómo llegaste a este tema, por qué te parece relevante investigarlo?
Hay dos momentos que definen mi interés por este tema. En primer lugar, durante la revuelta popular de 2019 pude observar algunos saqueos a cadenas de farmacias y supermercados en distintas zonas. Lo que llamó mi atención fue cómo en algunos lugares estas prácticas estaban coordinadas, y luego los productos eran distribuidos entre la población; mientras que en otras zonas había resistencia por parte de las comunidades a estas dinámicas y a su normalización. En estas últimas las organizaciones territoriales tendían a resistir este tipo de acciones e incluso protegían sus territorios.
En segundo lugar, durante las “protesta del hambre” como denominaron a las manifestaciones en la zona sur de Santiago durante la pandemia. Acá empecé a investigar como la ausencia de Estado en ciertas localidades puede moldear eventos de protesta y la expansión del narco mediante prestaciones sociales. En simple, en algunas zonas el narco llega antes que el Estado. No obstante, algo muy llamativo fue encontrar que en algunos territorios con características similares no ocurría lo mismo. Esto obligó a preguntarme qué condiciones estaban faltantes o como los mismos actores territoriales con prácticas similares podrían generar resultados divergentes.
¿Cómo se estudia este fenómeno que implica cierto grado de peligrosidad?
Con mucho trabajo de campo y respeto por las dinámicas propias de cada territorio. En mi experiencia ha sido fundamental establecer relaciones de confianza y respeto con los dirigentes sociales quienes son los principales actores claves. A medida que se construyen estas relaciones de confianza es posible participar de sus actividades y profundizar en entrevistas y conversaciones informales que entregan información esencial. La ética de la investigación es fundamental para salvaguardar la integridad de todos los participantes. Además, en mi investigación he decidido trabajar con algunos supuestos que me permiten identificar aquellas zonas con mayor presencia de crimen organizado, tales como tasas de homicidios, delitos violentos y otros asociados al tráfico de drogas.
Fuente periodística: Johanna Ortiz/ VioDemos