La reforma del sistema electoral en Chile

Los pro y los contra del proyecto de reforma al sistema electoral presentado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet fue el tema central de un foro realizado por el Instituto de Ciencia Política (ICP) de la Universidad Católica y en el que participaron el académico David Altman y la oficial de gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Marcela Ríos.

El foro se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política UC y fue moderado por la profesora del ICP Cassandra Sweet. Dentro de los temas abordados estuvieron las características de un proyecto proporcional moderado como el que se está discutiendo, las experiencias en otros países, la situación del distritaje, la legitimidad de origen del sistema actual y el mecanismo de cuotas que se plantea para aumentar la representación de la mujer, entre otros.

“Hay acuerdo, por lo menos dentro de la disciplina, acerca de que el sistema electoral tiene problemas de legitimidad de origen, y que distorsiona la representación en tanto que favorece a las dos primeras fuerzas, en desmedro de las terceras y cuartas”, aseguró Marcela Ríos. “Esto ha tenido el efecto de congelar el sistema político en lo que era en 1989 y ha impedido que nuevas tendencias políticas se cristalicen en el Congreso, además de darles una especie de “candado” o subsidio a los partidos políticos, que ha impedido que su mala evaluación por parte de la ciudadanía se traduzca en volatilidad electoral”, añadió.

“El sistema electoral tiene que ser reformado, básicamente por lo que se ha llamado su ‘pecado de origen’, es decir, su problema de legitimidad. Esa ya es razón suficiente para que lo queramos cambiar”, agregó por su parte el profesor David Altman.

De acuerdo al Ejecutivo, el proyecto persigue seis objetivos principales: - Reducir la desigualdad del voto mediante el incremento del número de diputados y senadores, y no disminuir la presentación de los territorios escasamente poblados. - Permitir la representación e inclusión de todas las corrientes políticas significativas, para el ingreso al Parlamento de sectores de menor votación, pero suficientemente significativos de la sociedad. - Aumentar la competitividad e incertidumbre respecto de quienes resulten elegidos. - Facilitar la expresión de la mayoría y la representación de las minorías. - Promover un Congreso que refleje la diversidad de la sociedad, alentando a los partidos y pactos a presentar nóminas de candidatos que reflejen toda la diversidad ideológica, de género, edad, origen étnico, social y cultural del país. - Evitar que queden fuera candidatos con grandes votaciones.

Según Marcela Ríos, “el proyecto tiene cosas bastante positivas en términos de los objetivos que se plantea”, pero “no es ideal y tiene problemas de forma y de fondo”. Uno de los principales problemas de forma tiene que ver con que fue diseñado “a puerta cerrada y entre los mismos partidos que ya son beneficiados por el binominal. Acá hay una gran oportunidad perdida”, señaló.

Tanto ella como David Altman aseguran que uno de los problemas más serios que el nuevo proyecto no soluciona es el del distritaje. El profesor Altman presentó datos que demuestran que en el sistema actual puede llegar a haber una diferencia de hasta seis veces entre el distrito más poblado, que elige los mismos dos diputados que el distrito menos poblado. El académico planteó también distintas alternativas de distribución de los distritos y comparó el proyecto propuesto por el Gobierno a la situación que existía en Brasil a principios de los años 90, que se caracterizaba por su volatilidad. “Estamos en una encrucijada en la que es peor la enmienda”, concluyó.